Derechos ambientales democráticos
Los derechos ambientales democráticos incluyen el derecho a acceder a la información, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales. Estos derechos garantizan la efectividad del derecho a un medio ambiente sano.
También mejoran la calidad y la implementación de las decisiones, ayudan a aumentar la conciencia pública sobre las cuestiones ambientales, permiten a los ciudadanos expresar sus preocupaciones y presionan a las autoridades para que escuchen y actúen.
Acceso a la información
El derecho de acceso a la información ambiental “garantiza que el público pueda saber y comprender lo que sucede en el medio ambiente que los rodea”. También garantiza que el público pueda participar informadamente en los procesos de toma de decisiones ambientales.
El acceso a la información medioambiental significa que todos los ciudadanos deben poder acceder fácilmente a la información relativa al estado del medio ambiente. Las autoridades públicas no sólo deberían proporcionar a los ciudadanos información medioambiental cuando la soliciten, sino que también deberían compartirla de forma proactiva cuando sea probable que sea de interés público.
Esta información puede estar relacionada con la calidad del aire y el agua, áreas protegidas y diversidad biológica, entre otros. Por ejemplo, si un grupo de personas vive cerca de una fábrica de productos químicos, deberían tener derecho a saber si se encuentran en una zona donde su salud podría estar en riesgo debido a los altos niveles de contaminación (ver Tribunal Europeo de Justicia de Derechos Humanos, Guerra contra Italia).
El derecho de acceso a la información se encuentra en el Principio 10 de la Declaración de Río, que establece que "a nivel nacional, cada individuo debe tener acceso apropiado a la información relacionada con el medio ambiente en poder de las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales peligrosos y actividades en sus comunidades”. El acceso a la información también está previsto en la Convención de Aarhus (principalmente aplicable en Europa) y el Acuerdo de Escazú (principalmente aplicable en América Latina).
El acceso efectivo a la información es un requisito previo para una participación pública exitosa, ya que garantiza que los ciudadanos participen de manera informada.
Participación pública
El derecho a la participación pública significa que toda persona tiene derecho a participar en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente. Los ciudadanos deberían tener derecho a participar en los procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional mediante, por ejemplo, un debate público o un referéndum local. Las autoridades públicas y los gobiernos deben tener en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones.
Por ejemplo, en agosto de 2023, Ecuador celebró un referéndum histórico preguntando a las poblaciones locales si estaban de acuerdo con la decisión del gobierno de detener la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. La mayoría votó a favor de detener la extracción de petróleo. Este referéndum constituye un ejemplo de buenas prácticas y un paso importante hacia la democratización de las políticas medioambientales.
La Declaración de Río de 1992 reconoce que "las cuestiones ambientales se abordan mejor con la participación de todos los ciudadanos afectados, al nivel apropiado". Otros convenios regionales también mencionan el principio de participación legal, como el Acuerdo de París, el Convenio de Aarhus, el Acuerdo de Escazú.
El derecho a la participación pública implica también el derecho del individuo a formarse una opinión cuando una nueva decisión administrativa o un nuevo acto normativo pueda afectar al medio ambiente. Si toda persona tiene derecho a participar en el desarrollo de las decisiones, medidas o programas de los poderes públicos, la formación de una opinión no puede realizarse sin una información transparente.
Acceso a la justicia ambiental
El acceso a la justicia ambiental es una cuestión estratégica e importante para el derecho ambiental pues es una de las condiciones que permite la efectividad de los derechos verdes. Los tribunales y jueces desempeñan un papel fundamental en la protección del medio ambiente. Son los guardianes de nuestros derechos ecológicos. El acceso a la justicia incluye el acceso efectivo y asequible a procedimientos legales para que los ciudadanos puedan impugnar los actos u omisiones de autoridades públicas y/o empresas que violan el derecho ambiental.
Este derecho está contenido en el Principio 10 de la Declaración de Río, que establece que "debe garantizarse el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluidos los recursos y recursos". También está previsto en el Convenio de Aarhus y el Acuerdo de Escazú, entre otros textos.
El derecho a la información, la participación pública y el acceso a la justicia son extremadamente importantes ya que reconocen la importancia del papel de los actores no estatales. Garantizan su participación en las decisiones públicas dándoles acceso a información adecuada y actualizada y permitiéndoles darle eco e impacto su voz. Para proteger eficazmente el medio ambiente a través del acceso ciudadano a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental, estos principios deben ser reconocidos internacionalmente.